Informes Importantes acerca de Los Hermanos Guarani.
La situacion en la triplice Frontera és caótica!
Date: Tue, 24 Apr 2012 17:17:05 -0300
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Marco de Planificación para Pueblos Indígenas
Proyecto de Inversión en Formación Profesional Continua y Empleo
Antecedentes
1. Marco Jurídico e Institucional Nacional para las Poblaciones Indígenas
En la República Argentina existe un cuerpo normativo que protege y garantiza la identidad y
los derechos colectivos de los pueblos indígenas, tanto en la Constitución Nacional como a
través de Leyes Nacionales, Provinciales y Convenios Internacionales suscriptos por el
Gobierno.
La reforma de la Constitución Nacional del año 1994, con la sanción del artículo 75, inciso
17, que incorpora los derechos de los pueblos indígenas, constituyo un significativo avance en
la política de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Argentina. A partir del
reconocimiento constitucional se ha configurado para los pueblos indígenas una situación de
derecho específico y particular que consagra nuevos derechos de contenido esencial que,
como mínimo, deben darse por aplicable siempre. Aún a falta de un desarrollo legislativo
conlleva la obligación de readecuar el marco del Estado y sus instituciones en función del
reconocimiento de su pluralidad étnica y cultural.
Las principales disposiciones legales a nivel nacional sobre derechos de pueblos indígenas
son las que siguen:
• -Ley Nº 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes.
• Decreto Nº 155/89 Reglamentario de la Ley Nº 23.302
• Ley Nº 24.071 ratificatoria del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Este Convenio
promueve el respeto por las culturas, las formas de vida, las tradiciones y el derecho
consuetudinario de los pueblos indígenas y tribales.
• Ley Nº 24.375 Convenio de diversidad Biológica
• Resolución Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Nº 4811/96 que
establece los requisitos para la inscripción de las Comunidades Indígenas en el
Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI).
• Resolución INAI Nº 152/2004 y su modificatoria Nº 301/2004 que establece la
conformación del Consejo de Participación Indígena (CPI)
• Ley 26.160 Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena
Como Anexo I se adjuntan las disposiciones legales mencionadas y un resumen del marco
normativo de las provincias que al momento actual se identifican como activadoras de la
Política sobre Pueblos indígenas del Banco Mundial (OP. 4.10).
2. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
El INAI es la institución del Estado Nacional que tiene la responsabilidad de crear canales
interculturales para la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados
en la Constitución Nacional (Art. 75, Inc. 17).
El Instituto fue creado a partir de la sanción de la Ley 23.302, en septiembre de 1985 como
entidad descentralizada con participación indígena y reglamentada por el Decreto N° 155 en
febrero de 1989. Sus principales funciones son: 2
• Disponer la inscripción de las comunidades indígenas en el REGISTRO NACIONAL
DE COMUNIDADES INDIGENAS (RENACI). Para ello coordina su acción con los
gobiernos provinciales y presta el asesoramiento necesario a las comunidades
mediante el desarrollo de talleres de capacitación a los efectos de facilitar los
trámites. A la fecha existen registradas 925 comunidades indígenas.
• Arbitrar todos los mecanismos disponibles para cumplir con el imperativo
constitucional de "...reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan..." y regular, además, la entrega de otras tierras aptas y
suficientes para el desarrollo humano (Art. 75, Inc. 17, de la Constitución Nacional).
• Promover la participación indígena en la formulación y ejecución de proyectos de
desarrollo con identidad, dando el apoyo técnico y financiero necesario.
• Coordinar programas de apoyo a la educación intercultural, pedagogías aborígenes,
acciones de recuperación cultural y a investigaciones históricas protagonizadas por
las comunidades.
• Promover espacios de mediación y participación indígena en las temáticas afines a los
intereses de las comunidades, como recursos naturales y biodiversidad, desarrollo
sustentable, políticas de salud, comunicación y producción, gerenciamiento y
comercialización de artesanías genuinas.
La Ley Nacional Nº 23.302, sobre "Política Indígena y Apoyo a las Comunidades
Aborígenes" establece en su artículo 5º que en el INAI se constituirá el CONSEJO DE
COORDINACION integrado por representantes de los Ministerios Nacionales, representantes
de cada una de las Provincias que adhieran a la ley y los representantes elegidos por las
Comunidades Aborígenes cuyo número, requisitos y procedimientos electivos están
determinados por la Resolución INAI Nº 152/2004.
Con el objetivo de hacer efectiva la representación indígena en el Consejo de Coordinación, el
INAI ha dictado la Resolución Nº 152/2004 y su Modificatoria Nº 301/04 impulsando la
conformación del CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA (CPI), cuyas funciones son:
• Asegurar la posterior participación indígena en el mencionado Consejo de
Coordinación y determinar los mecanismos de designación de los representantes
ante el mismo y,
• Las funciones señaladas en el artículo 7º del Decreto Nº 155/89, reglamentario de
la ley Nº 23.302, de la adjudicación de las tierras.
El CPI está integrado por un delegado titular y uno suplente, por pueblo indígena y por
provincia. Para la elección de estos representantes se llevaron a cabo en las provincias más de
40 asambleas comunitarias de todos los Pueblos Indígenas. Esta instancia participativa en los
diseños de las políticas públicas da cumplimiento a la ley arriba mencionada, respondiendo al
mandato constitucional en su Artículo 75, Inciso 17 y a la Ley 24.071, aprobatoria del
Convenio 169 de la OIT. La creación del CPI en el ámbito del INAI, ha sido el inicio de un
proceso activo de consulta y participación entre el Estado Nacional y los Pueblos Indígenas,
en un espacio de análisis para todos los asuntos que afecten a estos últimos.
3. Breve descripción de los pueblos indígenas de Argentina
No se conoce con exactitud la cantidad de personas pertenecientes a pueblos indígenas,
aunque existen diversas fuentes que arrojan cifras entre los 400.000 y 1.500.000 (INDEC,
ENDEPA, INAI, Derecho de los Pueblos Indígenas, Cátedra de Bioética de la Facultad de
Derechos y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires). 3
El último Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001 (INDEC) incluyó por
primera vez una pregunta que estuvo dirigida a detectar los hogares donde al menos una
persona se reconociera descendiente o perteneciente a un pueblo indígena, arrojando como
resultado que un 2,8 % de los hogares tienen algún miembro que se auto reconoce
perteneciente o descendiente de un pueblo indígena.
Sin embargo, es claro que aun no hay una precisión sobre cuántos son los indígenas que
habitan en Argentina ya que la cifra de los mismos surgen de un dinámico proceso de auto
reconocimiento que viven actualmente los Pueblos Indígenas.
En muchos lugares del país, hay personas que están recuperando su identidad como miembros
de un pueblo indígena, a través de la memoria grupal. Incluso, han resurgido pueblos que se
consideraban hasta hace poco "extinguidos" o casi extinguidos, como por ejemplo los Ona,
los Huarpes, o los Diaguita, que se están organizando como comunidades.
Por otro lado, en el caso de la población indígena rural y dispersa, existen un conjunto de
factores históricos, sociales, políticos y económicos que dificultan que dicha población se
identifique o perciba asimismo como indígena y que utilice alternativa-mente dicha identidad
y/o la campesina de acuerdo a los diferentes contextos donde se encuentre a pesar de que un
conjunto de características lingüísticas y culturales podrían permitir su definición como
indígena. Según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) entre un 2% y un
28% de personas de distintas etnias no se reconoce como perteneciente a su pueblo aún
cuando sus padres se auto reconocen como tales.
En Argentina algunos de los pueblos indígenas suelen conservar su lengua originaria en el
ámbito familiar y comunitario, si bien la mayoría entiende y habla el español. Se mantienen
al interior de las comunidades, por tradición oral, y no todas tienen su referencia escrita.
Todos los pueblos auto reconocidos reivindican el derecho a la educación e información en su
lengua y la necesidad de resguardarla como parte sustantiva de su patrimonio cultural e
identidad.
A pesar de las imprecisiones respecto de la información sobre los pueblos indígenas vale la
pena destacar que según la Encuesta Complementaria del INDEC existen en la Argentina
281.959 hogares con algún integrante que se reconoció perteneciente o descendiente de un
pueblo indígena. Las provincias con mayor proporción de hogares con algún integrante
indígena son: Jujuy (10.5%), Chubut (9.7%), Neuquén (8.6%), Río Negro (7.9%) y Salta
(6.4%).
En cuanto a las condiciones de vida de la población indígena, es importante destacar que el
23.5% de los hogares se encuentran con las necesidades básicas insatisfechas, una proporción
muy alta comparada con el resto de los hogares (13.8%) y el total nacional (14.3%). Las
provincias que muestran los niveles más altos de NBI en los hogares indígenas son: Formosa
(74.9%), Chaco (66.5%) y Salta (57.4%).
Otra característica importante de los pueblos indígenas es que el 16.5% de los hogares son
rurales. Para los hogares sin indígenas este valor desciende a 9.2% y para el total país es de
9.7%.
En cuanto a las características educativas, se observa que la tasa de analfabetismo para la
población indígena de 10 años o más es del 9.1%, tres veces y media mayor que la nacional
(2.6%). En el caso de las etnias Mbyá guaraní de Misiones y Wichí de Chaco, Formosa y
Salta, las tasas de analfabetismo superan el 20% (29.4% y 23.4% respectivamente).
Otro dato a tener en cuenta es que el 78.2% de la población indígena de 15 años y más tienen
como máximo el secundario incompleto, mientras que un tercio (33.1%) no completó la
primaria o no tiene instrucción. Si estos indicadores son comparados con los de la población 4
general, se advierten diferencias notables. En efecto el porcentaje de personas en todo el país
que tienen como máximo el secundario incompleto es de 66.8% y el 17.9% no completó la
primaria o no tiene instrucción. En este sentido, los pueblos indígenas que se encuentran en
una situación más crítica son: Mbyá guaraní de Misiones, Wichí de Chaco, Formosa y Salta,
Chorote de Salta, Toba de Chaco , Formosa y Santa Fe y Pilagá de Formosa. En todos los
casos, el porcentaje de población de 15 años y más que tiene como máximo estudios
primarios incompletos supera el 60% y la proporción de los tienen hasta secundario
incompleto supera el 90%.
4. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS).
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ejecuta programas
específicos para mejorar la situación de acceso al empleo y a la formación profesional de la
población en general sin discriminación alguna. Sin embargo, sensibilizado por las demandas
de los Pueblos Indígenas en materia de mejorar el acceso de los adultos de sus comunidades a
estudios primarios y secundarios que les permitan alcanzar el certificado de terminalidad de
estos niveles educativos o bien acceder a formación profesional en aquellos campos que los
miembros de la comunidad requieran y a facilitarles la inserción en experiencias laborales
calificantes es que se pone en conocimiento de las comunidades y sus líderes, el Programa de
Formación Profesional Continua que está en su fase final de diseño y cuya implementación
está prevista a partir del mes de Junio del año 2007.
Para ello, el MTEySS ha organizado un cronograma que tiene por finalidad comunicar al CPI
y al INAI las características del Programa y acordar los procedimientos que facilitarán el
acceso directo de las comunidades a los beneficios del mismo. Ver detalles en Punto 7
5. Descripción del Programa de Formación Profesional Continua.
Propósitos
• Contribuir a la construcción de un Sistema Nacional de Formación Profesional
Continua de calidad que fortalezca las calificaciones de la población en su
condición de ciudadanos y de trabajadores.
• Contribuir a fortalecer la institucionalidad de las entidades educativas que
imparten formación general y específica y de las Oficinas Municipales de Empleo
que participan activamente en los procesos de intermediación laboral.
• Contribuir a instalar y fortalecer los procesos de formación continua en las
empresas y organizaciones sociales a partir de diseñar dispositivos destinados a la
realización de prácticas laborales calificantes.
Estructura de Componentes
Para lograr estos propósitos el proyecto establece un conjunto de estrategias o líneas de
acción que se agrupan en los siguientes componentes. 5
COMPONENTE OBJETIVO
1. Expansión y
consolidación del sistema
de formación profesional
y certificación basado en
normas de competencia
laboral.
Instalar un sistema que organice los procesos de formación,
evaluación y certificación basadas en normas de competencia y la
mejora continua y certificación de la calidad de las instituciones
de formación que se integren al sistema.
2. Expansión de la
cobertura del acceso de la
población adulta a
estudios de terminalidad
de nivel primario y
secundario.
Promover innovaciones en las políticas y estrategias provinciales
y locales de nivelación y certificación de estudios de formación
primaria y secundaria para adultos.
3. Mejora de la
empleabilidad de los
jóvenes combinando
estrategias de formación
profesional, nivelación de
estudios y prácticas
calificantes.
Generar oportunidades de inclusión social y laboral de los
jóvenes a través de experiencias de trabajo de calidad asociadas a
formación profesional y/o nivelación y certificación de estudios
con el fin de promover el aprendizaje a lo largo de la vida.
Fortalecer la red de Oficinas Municipales de Empleo creando un
Servicio de Empleo Joven con el fin de atender los intereses
laborales y profesionales de los jóvenes y las demandas de las
empresas y organizaciones sociales.
4. Fortalecimiento de un
Sistema de Información,
Planificación y
Seguimiento.
Desarrollar un sistema de información, planificación y
seguimiento de las políticas de formación profesional continua a
partir del desarrollo de una vasta red de usuarios institucionales.
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA
COMPONENTE.
Componente 1: Expansión y consolidación del sistema de formación profesional y
certificación basado en normas de competencia laboral
Objetivo:
• Expandir un sistema de formación profesional basado en normas de competencia
laboral con el objetivo de garantizar la calidad de la formación y su pertinencia en
términos de empleo y actualización.
• Evaluar y certificar a aquellas personas que han adquirido el dominio de una
ocupación o profesión por formación sistemática y/o por experiencia laboral. La
evaluación y certificación se realizará en base a normas que describen la
competencia laboral que se debe reunir para ejercer un oficio o profesión de
acuerdo a buenas prácticas.
• Mejorar la calidad de los servicios educativos que prestan las instituciones de
formación profesional a partir de estrategias de renovación curricular, formación
docente, equipamiento, provisión de materiales curriculares y didácticos.
Beneficiarios
• Población mayor de 18 años de edad.
• Instituciones de formación profesional. 6
Meta:
• Formar en diversas especialidades a 250.000 personas
• Evaluar a 100.000 personas que voluntariamente se interesen por certificar sus
saberes.
• Fortalecer 700 instituciones de formación profesional.
Cobertura
Nacional.
Fuentes de financiamiento utilizadas
Serán utilizadas fuentes nacionales y de préstamo internacional para alcanzar cobertura y
metas.
Componente 2: Expansión de la cobertura del acceso de la población adulta desocupada
a estudios de terminalidad de nivel primario y secundario.
Objetivo:
Promover innovaciones en las políticas y estrategias provinciales y locales de nivelación y
certificación de estudios que mejoren la calidad y amplíen las oportunidades de formación
permanente de los/as trabajadores/as.
A través de este componente, el proyecto se propone promover políticas a nivel provincial y
local que mejoren la calidad y cobertura de los servicios de formación de adultos,
adecuándolos a la situación y las necesidades de la población que trabaja o está desocupada y
facilitando el acceso, permanencia y certificación de quienes tienen más dificultades. Por otra
parte se promoverá el fortalecimiento de las capacidades de gestión local de las instituciones
de formación de adultos y la coordinación con otros actores para ampliar las oportunidades
formativas y laborales de las personas.
Beneficiarios:
• Beneficiarios del Plan Jefes y Jefas con bajos niveles de escolaridad.
• Beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo con bajos niveles de
escolaridad.
• Beneficiarios del Seguro de Desempleo con bajos niveles de escolaridad.
• Población adulta (18 años y más) que se encuentre desempleada y cuyos
bajos ingresos familiares justifiquen el otorgamiento de un subsidio con el
compromiso de ofrecer contrapartida de asistencia, permanencia y
certificación de estudios de nivel primario y/o secundario. En este caso, el
subsidio otorgado para completar sus estudios podrá extenderse por un
período no mayor a tres años.
Metas:
• 20.000 trabajadores y trabajadoras certifican niveles educativos (secundaria
básica o superior-EGB/Polimodal) y reciben orientación profesional y laboral a
través de proyectos que coordinan actores a nivel local. Estos proyectos generan
aprendizajes transferibles para el diseño e implementación de políticas públicas.
• 80.000 desempleados certifican niveles educativos (secundaria básica o superiorEGB/Polimodal) y reciben orientación profesional y laboral a través de de
políticas provinciales y locales innovadoras. La implementación de estas políticas
genera aprendizajes transferibles a otros Estados provinciales.
Cobertura
Nacional a partir de utilizar fuentes propias y financiamiento internacional. 7
Fuentes de financiamiento utilizadas
Serán utilizadas fuentes nacionales y de préstamo internacional para alcanzar cobertura y
metas.
Componente 3: Formación e inclusión laboral de jóvenes
Objetivo:
Generar oportunidades de inclusión social y laboral de jóvenes (de 18 a 24 años de edad) a
través de experiencias de trabajo de calidad que promuevan la formación y certificación en
los niveles de escolaridad primaria y secundaria y/o la formación en competencias clave
(informática, segunda lengua, fortalecimiento de competencias básicas) y/o formación
profesional en áreas ocupacionales generales o específicas. Estas formas de aprendizaje serán
acompañadas por una oferta de prácticas calificantes que se realizarán en empresas y/u
organizaciones sociales, de acuerdo al perfil de competencias que presente el postulante.
Estas prácticas calificantes tendrán una duración mínima de tres meses y máxima de seis.
Beneficiarios:
• Jóvenes de 18 a 24 años de edad con dificultades de integración en el mercado
de trabajo por sus bajos niveles de formación general y/o profesional y de
experiencia laboral en el mercado de trabajo formal.
• Oficinas Municipales de Empleo, que resultarían fortalecidas con la creación de
un Servicio de Empleo Joven con capacidad de orientar jóvenes de 18 a 24 años
en situación de desempleo que se convocarían por diversos medios respecto a
sus intereses de formación general o de formación profesional específica y de
inserción laboral o de realización de prácticas calificantes. Este SEJ contaría
con un especialista que le brindaría asistencia técnica a las empresas y
organizaciones sociales de la zona con capacidad de empleo y formación para el
diseño de prácticas calificantes al interior de las mismas con el fin de generar
formación de sus trabajadores y de los jóvenes interesados en realizar las
pasantías calificantes.
• Las empresas localizadas en cada Municipio donde está instalada un SEJ que
serían convocadas y recibirían asistencia técnica para realizar proyectos internos
de desarrollo del personal y de diseño de prácticas calificantes.
Metas
A lo largo de 5 años:
250 Oficinas Municipales de Empleo han creado un Servicio de Empleo Joven.
146.000 jóvenes fueron formados en competencias básicas, clave, genéricas y técnicas
combinando estrategias formativas y de prácticas calificantes.
2500 empresas u organizaciones sociales han sido contactadas y han desarrollado proyectos
de gestión y desarrollo de personal asistidas por los SEJ.
1500 proyectos exitosos de formación calificante han sido implantados en las empresas u
organizaciones sociales contactadas.
3000 tutores han sido formados para continuar gestionando programas de formación continua
al interior de las empresas u organizaciones sociales.
2520 docentes reciben formación en pedagogía y didáctica para la formación de adultos y
formación en campos de competencias técnicas específicas.
6.000 jóvenes se interesan por desarrollar formación profesional en actividades que se
orientan al autoempleo o a los microemprendimientos.
Cobertura
Nacional. 8
Fuentes de financiamiento utilizadas
Serán utilizadas fuentes nacionales y de préstamo internacional para alcanzar cobertura y
metas.
Componente 4: Fortalecimiento del Sistema de Información, Planificación y
Seguimiento
A través de este Componente el proyecto se propone generar las bases operativas e
institucionales para la planificación, gestión y seguimiento de las distintas políticas que
confluirán en el Sistema de FP Continua. Se trata de un componente soporte de todo el
proyecto que brindará servicios transversalmente todos los otros componentes y que deberá,
por lo tanto, dimensionarse a escala de los resultados que en cada uno de ellos se formulan.
Objetivo:
Desarrollar un sistema de información, planificación y seguimiento de las políticas de
formación profesional permanente.
Beneficiarios
Usuarios del Sistema de Formación Profesional Continua, desde sus dis distintas perspectivas
y necesidades: administrador del sistema, instituciones prestadoras del sistema, trabajadores,
empresas, oficinas de empleo, organizaciones sociales.
Metas
• Desarrollo de una plataforma de gestión informática basada en la información.
• Construcción de reservorios de información (para el seguimiento y medición de
resultados de los distintos componentes) a partir de la gestión.
• Desarrollo de una red de usuarios, revirtiendo la tendencia a sistemas centralizados
con flujos unidireccionales de información desde la "periferia" hacia el "centro" e
invirtiendo fuertemente en su capacitación.
• Acceso a todas las herramientas de gestión y de explotación de la información desde
Internet y sin más restricciones que los permisos otorgados por el administrador.
• Incorporación de información proveniente de observatorios de empleo y otras fuentes
no transaccionales como insumo para los procesos de planificación.
• Integración con herramientas previas del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad
Social.
• Integración estratégica dentro de la Plataforma de Empleo (originalmente pensada para
uso de las Oficinas de Empleo) que ampliará a partir de este proyecto su esfera de
acción.
• Seguimiento de los desempeños y trayectos formativos de los trabajadores en el marco
de su "historia laboral".
• Información compartida con grandes usuarios o fuentes, tales como las jurisdicciones
educativas y las Instituciones y redes de formación más importantes.
• Información relevada por el Componente.
(El proceso de identificación, en desarrollo, puede implicar la incorporación nuevas fuentes y
datos no previstos en esta etapa).
A través de este Componente el proyecto se propone generar las bases operativas e
institucionales para la planificación, gestión y seguimiento de las distintas políticas que
confluirán en el Sistema de FP Continua. Se trata de un componente soporte de todo el
proyecto que brindará servicios transversalmente todos los otros componentes y que deberá,
por lo tanto, dimensionarse a escala de los resultados que en cada uno de ellos se formulan.
Sus propuestas conceptuales fundamentales son las siguientes: 9
Cobertura
Nacional.
Fuentes de financiamiento utilizadas
Serán utilizadas fuentes nacionales y de préstamo internacional para alcanzar cobertura y
metas.
6. Acciones propuestas para la implementación del plan para poblaciones indígenas.
Esta propuesta se ha elaborado desde una perspectiva de la inclusión social en dispositivos de
formación y empleo de la población de 18 años y más. En este marco se pretende eficientizar
la propuesta global del MTEySS sobre las poblaciones indígenas. El presente documento
incluye la propuesta general del Programa con el objetivo de que las comunidades y sus
dirigentes la conozcan señalando dentro de ellas algunas de las acciones que particularmente
beneficiarían a las poblaciones indígenas. El documento que se presenta recoge los principios
de la propuesta de intervención del Programa, buscando facilitar los instrumentos de acción
que posibiliten y aseguren, a los Componentes 2 y 3, que los beneficios del mismo se
extiendan a los pueblos indígenas con un enfoque basado en sus intereses, valores y pautas
culturales.
Si bien la propuesta del Programa no está diseñada específicamente para pueblos indígenas,
ya que su población objetivo alcanza también al resto la población, el proyecto propone un
enfoque particular que permita aproximarse y actuar sobre la cuestión indígena desde una
concepción de inter-culturalidad, que resulte más apropiada al contexto social de estos
pueblos, lo cual será de beneficio mutuo para la población y para los objetivos del Programa.
El Programa a través de las actividades de los diferentes componentes se encuentra abierto
para atender población indígena de todas las provincias del país
1
.
Las provincias y las organizaciones, publicas y/o privadas que provean servicios de educación
de adultos, para el componente 2; y los municipios para alguna de las actividades del
componente 3, en las jurisdicciones que reúnen los criterios establecidos en la OP. 4.10,
específicamente identificados en los anexos I y II, deberán diseñar mecanismos para la
participación y consulta previa sobre la implementación del proyecto en las comunidades
indígenas de su jurisdicción. Asimismo deberán prever un mecanismo de divulgación de los
planes (PPI) preparados, con medios de verificación adecuados (como evaluaciones
participativas, actas, informes, entrevistas, archivos fotográficos, audio y otros) que
contengan las sugerencias y/o demandas que puedan surgir de las distintas comunidades, de
manera que puedan ser utilizadas como base para futuras capacitaciones y de insumos para el
sistema de monitoreo y evaluación.
7. Consultas realizadas y definición de arreglos institucionales y responsabilidades
Las bases del Programa han sido presentadas ante los miembros del Consejo de Participación
Indígena (CPI) y ante las comunidades de Amaicha del Valle y Quilmes en la provincia de
Tucumán
2
, con el fin de informar e invitar a participar a las comunidades de los beneficios de
1
En todas las provincias existen miembros de pueblos indígenas, no todas ellas se enmarcan en los criterios de la
OP 4.10. Muchos han sido afectados por fenómenos migratorios generales como la urbanización de población por
industrialización o afectación de las economías regionales, etc. Así, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran ciudadanos provenientes de las comunidades Kollas que
ancestralmente se ubicaron en Salta y Jujuy, Tobas del Chaco, etc.
2 Las reuniones con el CPI fueron realizadas en Febrero 15 y Marzo 13 de 2007 y con las comunidades de
Tucumán en Febrero 23 de 2007. 10
su implementación, así como recibir sus sugerencias y conformidad, de acuerdo al
cronograma realizado por el Ministerio.
En este marco se están desarrollando procesos de consulta y consenso con el INAI y con el
CPI con el fin de generar una gestión conjunta de sus líneas de acción ante las comunidades
de manera de obtener una mayor eficiencia y adecuación cultural de los dispositivos que se
apliquen con el fin de fortalecer los niveles de escolaridad y las calificaciones de los pueblos
originarios.
De las consultas llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo con el Consejo de Participación
Indígena, se acordó que:
• Las comunidades de pueblos originarios podrían presentar proyectos para formación
general y formación profesional de sus pueblos a través del INAI.
• Estos proyectos se presentarían de acuerdo a formulaciones prefijadas por el MTEySS
quien le daría asistencia técnica al INAI para su formulación definitiva.
• En la formulación de los proyectos se determinarían los derechos y obligaciones de las
partes en la realización y financiamiento de las actividades programadas.
• El marco jurídico e institucional de la ejecución de los proyectos se enmarcaría en
convenios conjuntos celebrados entre MTEySS, el INAI y los gobiernos de las provincias
y/o municipios que activan la OP 4.10 para las poblaciones indígenas.
• Los proyectos presentados serán evaluados en sus partes sustantivas y financieras por la
Unidad Coordinadora Central del Programa y reformulados en consenso con el INAI.
En los Convenios a firmarse entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las
administraciones provinciales y/o municipales y las organizaciones de las jurisdicciones
donde se activa la OP 4.10, estarán comprometidas, en los términos de los Convenios, a
proceder a la evaluación social de las comunidades de pueblos indígenas existentes en sus
respectivas jurisdicciones y, en el caso de corresponder, de preparar los PPI de conformidad
con las disposiciones de este Marco de Planificación.
Estos Convenios también reflejaran la obligación de las provincias, municipios u
organizaciones de: (a) instrumentar los arreglos interinstitucionales que fueren necesarias de
acuerdo a la evaluación social efectuada con las entidades indígenas provinciales que
correspondiera y (b) incorporar las recomendaciones de ejecución.. La firma de los
Convenios son requisito para la transferencia de fondos.
Si durante el ciclo del proyecto nuevas comunidades indígenas son identificadas en cualquiera
de las provincias/municipios participantes del Programa, las mismas se comprometen a
realizar la correspondiente evaluación social y consulta a la comunidad identificada y a
preparar, si correspondiera, el Plan de Pueblos Indígenas para alcanzar las mismas con los
servicios del Programa. Los PPI serán financiados con fondos del Programa.
Estos mecanismos permiten y aseguran el cumplimiento de la política de adecuación
intercultural para con los pueblos indígenas.
8. Posibles efectos y mecanismos previstos para optimizar resultados.
Dada la naturaleza, objetivos y enfoques del Programa no se espera que se presenten impactos
negativos. Sin embargo, existe la posibilidad de que surjan quejas o reclamos de parte de la
población. Por lo tanto, se adoptarán un conjunto de medidas que contribuyan, tanto a
prevenir los conflictos, como a resolverlos de manera adecuada en caso de que éstos se
presenten.
Para ello se otorgara prioridad a las siguientes medidas: 11
- En el caso de que se presenten quejas sobre las acciones desarrolladas por el Programa, se
recurrirá a los mecanismos regulares para la resolución de quejas con los que cuenta el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de las Gerencias de Empleo y
Formación Profesional.
9. Lineamientos generales para la Evaluación Social
La Evaluación Social sobre Pueblos Indígenas que realice cada provincia, municipio u
organización, identificado se realizará conforme al Anexo A de la OP 4.10, especificando
además la siguiente información:
• Características demográficas: franja etaria, género, urbano/rural, tasas de
masculinidad, migración.
• Características educativas y ocupacionales.
• Estimación del porcentaje de trabajadoras y trabajadores indígenas que podrían
certificar niveles educativos (primaria, secundaria básica o superior-
EGB/Polimodal) y recibir orientación profesional y laboral a través de los proyectos
que coordinan actores a nivel local; que generen aprendizajes transferibles a otras
comunidades de pueblos originarios o a otros Estados Provinciales.
• Estimación del porcentaje de jóvenes indígenas que podrían realizar prácticas
calificantes en ambientes de trabajo dignos acordes a su competencia técnica.
• Estimación de docentes requeridos para los cursos de adultos de Nivelación de
Estudios Primarios y Secundarios y para cursos de formación profesional específica.
• Estimación de nuevos diseños curriculares, materiales curriculares, publicaciones,
que requerirían para la implementación de las acciones de los componentes,2 y 3 en
las comunidades indígenas.
• Estimación presupuestaria por componente
10. Lineamientos generales para la preparación de los Planes de Pueblos Indígenas
(PPI).
En la preparación de los PPI se tendrá en cuenta en las etapas de implementación,
seguimiento y evaluación las estrategias de difusión y comunicación específicas y adecuadas
para los pueblos indígenas que garanticen el pleno conocimiento del Proyecto. En cada caso
en particular se preverá: (i) material existente en lengua originaria, (ii) capacitación de
agentes para la inscripción en estas poblaciones;(iii) campañas de difusión y divulgación; iv)
mecanismos de consulta y reclamos tanto a nivel nacional como provincial; (v) capacitación
para el personal de tutores para la atención de beneficiarios pertenecientes a comunidades y
(vi) la descripción de la modalidad especifica de entrega de los servicios prevista para cada
comunidad.
El PPI, podrá incluir también las actividades que la jurisdicción desarrolle, en conjunto con
sus comunidades, para mejorar la calidad y acceso a los servicios de educación de adultos y
capacitación laboral para jóvenes.
La sistematización de las actividades desarrolladas en el PPI estarán debidamente
documentadas y servirán de insumo para el proceso de seguimiento, evaluación y monitoreo
de los planes.
El PPI contendrá como mínimo la siguiente información:
• Resumen de la Evaluación Social: información inicial sobre las características
demográficas, sociales y culturales de la Población Objetivo del Proyecto
perteneciente a Pueblos Originarios. 12
• Información previa y consulta a las comunidades: se realizarán reuniones de consulta
dentro del marco jurídico e institucional provincial o municipal donde se presentarán
los principales aspectos del Programa, objetivos centrales, beneficios, el Conjunto de
Actividades Priorizadas que componen el Programa, sus acciones y alcances, con
especial énfasis en las adaptaciones culturales para las comunidades del plan de acción
propuesto.
• Ajuste del presupuesto para la implementación de los componentes del Programa
• Plan de Acción:
a) Promoción de los componentes, Comunicación y Participación Social
- Los planes de Comunicación y Difusión del proyecto deberán incluir la adaptación
de los mismos a las pautas culturales de las poblaciones indígenas, incluyendo material en
lengua originaria, para el componente 2.
- Implementar estrategias de educación y comunicación para la difusión de mensajes
educativos culturalmente adecuados y articulados.
b) Capacitación y Fortalecimiento
- Capacitación y asistencia técnica para la atención de la población beneficiaria, con
un enfoque de interculturalidad, género y derechos humanos, para profundizar el
conocimiento de las pautas culturales para una mejor adecuación de los sistemas de educación
y empleo a las necesidades sentidas de la población beneficiaria.
- Sensibilización y capacitación para promover el acercamiento y entendimiento a
prácticas culturales de la población indígena con la finalidad de dotarlos de los instrumentos
necesarios para promover su acercamiento y reconocimiento de los diversos actores y de las
manifestaciones de los pueblos indígenas.
- Capacitaciones a tutores para la Nivelación de Adultos, el seguimiento de las
prácticas calificantes y la búsqueda de Empleo que contemplan un marco de respeto e
integración de las diferencias culturales.
c) Seguimiento y Evaluación. La periodicidad de los informes de avance de los planes
operativos anuales del desempeño del presente Plan de Acción, debe ser la misma que
establece el Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Proyecto en su conjunto, así
como la metodología y el sistema de información que utiliza el Proyecto.
d) Responsabilidades Institucionales: La responsabilidad institucional primaria por la
confección y aplicación de los PPI corresponde a en el caso del componente 2 a cada uno de
los Ministerios de las provincias comprometidos, así como de las organizaciones publicas o
privadas involucradas en los proyectos puntuales. En el caso del componente 3 la
responsabilidad corresponderá a los municipios. En todos ellos existe vasta experiencia para
dar respuesta a las necesidades y demandas de la población indígena, ya sea a través de
organismos de gobierno específicos o de estrategias políticas de diferentes áreas orientadas a
esta población.
e) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ha previsto la
contratación de consultores especializados en la temática que asesorarán en el diseño de las
evaluaciones sociales y de los PPI y promoverán la relación entre los distintos organismos y
otras instancias provinciales y locales en la construcción de los mismos.
f) Los PPI son parte constitutiva de los Compromisos Anuales Nación-Provincia y NaciónMunicipio y los Compromiso Anuales requieren la No Objeción del Banco para su ejecución.
10. Difusión del MPPI.
Para la difusión del MPPI se utilizarán mecanismos de participación e información con las
instancias nacionales, provinciales y municipales correspondientes, descriptas en el marco
jurídico institucional incluido en este documento.
La divulgación deberá ser registrada y servirá de insumo para la elaboración de los PPI de las
provincias o municipios.
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